Un hallazgo fortuito en la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) reveló una trama de falsificación de certificados médicos que ya tiene cuatro imputados y que motivó la presentación de un proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Sellos Profesionales.
El escándalo comenzó cuando Giuliana Díaz, dirigente y diputada provincial (UCR), notó que varios "aptos médicos" de jugadores llevaban el sello de su tía, una médica que nunca había firmado esos documentos. Este descubrimiento llevó a la Justicia a investigar a cuatro personas por estafa y falsificación de estudios médicos: Fabio Alenda, exdirigente de la LMF y dueño de la empresa S+MM Salud; la médica clínica Natalia Busceme; y dos empleadas de un centro de salud, Patricia y Rocío Reyes Godoy.
Según la investigación, la Liga centralizaba la realización de los estudios médicos a través de la empresa contratada, organizando jornadas en distintos clubes donde los jugadores se realizaban estudios básicos. Por cada certificado, se cobraban aproximadamente 40 mil pesos, incluso si los jóvenes contaban con obra social que les permitía realizarse los estudios de forma gratuita. Se estima que alrededor de 1.000 jugadores pasaron por este circuito durante años, lo que dejaría un presunto fraude de cientos de millones de pesos.
A raíz del caso, Díaz presentó un proyecto de ley que busca crear un Registro Provincial de Sellos Profesionales. La iniciativa establece que toda imprenta o taller gráfico que confeccione sellos en Mendoza deberá verificar la identidad y matrícula del profesional, registrando además los datos en un sistema administrado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
"La situación evidencia que en Mendoza, como en gran parte del país, existen vacíos normativos que facilitan la falsificación de documentos médicos y profesionales", señaló Díaz, presidenta de la Comisión Femenina de la LMF. La diputada agregó que la propuesta apunta a garantizar protección de datos, transparencia institucional y modernización del Estado, sin generar burocracia innecesaria.
El caso, que actualmente sigue bajo investigación, expone la facilidad con la que se pueden falsificar firmas y sellos profesionales y la necesidad de mecanismos de control más estrictos para evitar irregularidades similares en el futuro.
