Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia tras la aprobación de una ley que regula el procedimiento bajo el concepto de "muerte digna". La normativa permite que personas mayores de edad, mentalmente aptas y con enfermedades incurables, irreversibles o que generen sufrimientos graves, puedan solicitar de forma voluntaria este derecho.
El proceso contempla la evaluación obligatoria de al menos dos médicos y asegura que el paciente pueda revocar su decisión en cualquier momento. Además, autoriza la práctica exclusivamente por parte de un profesional de la salud, aunque deja fuera el suicidio asistido.
La iniciativa fue aprobada en octubre de 2025, luego de más de cinco años de debate en los que participaron actores políticos, sociales y académicos. Con esta medida, el país refuerza su perfil como referente regional en materia de derechos, sumándose a antecedentes como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y la regulación del cannabis.
Si bien el proyecto contó con amplio respaldo social, también despertó críticas de sectores conservadores y de la Iglesia Católica, que plantearon objeciones sobre el procedimiento y el acceso a cuidados paliativos.
Tras la sanción parlamentaria, el Poder Ejecutivo quedó a cargo de la reglamentación, un paso clave para su implementación efectiva. Desde el Gobierno destacaron la ley como un avance histórico en el reconocimiento de los derechos individuales y la autonomía sobre el final de la vida.
