A casi cuatro años del asesinato del prestamista Matías Oscar Miralles en la Ciudad de Mendoza, la causa judicial cerró su capítulo más relevante sin responsables penales. Este sábado, un jurado popular declaró no culpables a cuatro de los cinco imputados, mientras que en el caso restante no se alcanzó un veredicto unánime, lo que deja el expediente en una situación de incertidumbre judicial.
El juicio, desarrollado en el Polo Judicial, estuvo bajo la conducción de la jueza Carolina Colucci. La lectura del veredicto reflejó las dificultades del jurado para sostener la acusación fiscal: "Hemos llegado a un veredicto, no para todos los imputados", anticipó la presidenta del cuerpo antes de comunicar la decisión.
Finalmente, Lucas Segovia Contreras, Cristian Giménez Ideme Parra, Jorge Herrera Páez y Pablo Gabriel Herrera Brizuela fueron declarados no culpables. En tanto, respecto de Guillermo Emanuel Sosa González -señalado como uno de los presuntos autores intelectuales- el jurado no logró consenso, por lo que el juicio fue declarado estancado en ese punto.
Esta figura procesal, conocida como "jurado estancado" o hung jury, implica que el Ministerio Público Fiscal deberá definir si insiste con la acusación y solicita la realización de un nuevo juicio, o si desiste de avanzar en esa línea. La decisión será clave para determinar si el caso continúa activo o se encamina hacia el archivo definitivo.
El homicidio ocurrió el 22 de junio de 2022, en la puerta de la vivienda de la víctima, ubicada sobre calle Montecaseros al 2800, en Capital. Miralles, de 33 años, fue asesinado a quemarropa por un sicario que simuló ser repartidor de una aplicación de delivery.
La investigación, encabezada por la Fiscalía de Homicidios a cargo de Gustavo Pirrello, había reconstruido un presunto esquema de crimen por encargo. Según esa hipótesis, Sosa González e Ideme Parra mantenían una deuda de 40.000 dólares con la víctima y, ante las presiones y amenazas de cobro, habrían planificado su asesinato.
De acuerdo con la teoría fiscal, los acusados habrían contratado a Jorge Herrera Páez -un albañil vinculado a Sosa- quien a su vez habría delegado la ejecución en su entorno: su hijastro, Lucas Segovia Contreras, y otros dos jóvenes, entre ellos un menor de edad conocido como "El Chongo", quien no fue juzgado en este proceso por su condición al momento del hecho.
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y se determinó que el arma utilizada, una pistola 9 mm, había sido empleada en otros episodios violentos vinculados a una organización delictiva local. Además, la Fiscalía incorporó como prueba mensajes extraídos del teléfono de la víctima, donde se evidenciaban conflictos económicos con los imputados, y elementos secuestrados en allanamientos, como una mochila de reparto.
Sin embargo, durante el debate oral, el jurado no consideró acreditada la responsabilidad penal de los acusados bajo el estándar de certeza requerido en el sistema acusatorio. La falta de unanimidad -condición indispensable en los juicios por jurados en Mendoza para dictar condena- terminó desarticulando la acusación.
En adelante, la atención estará puesta en la decisión del Ministerio Público Fiscal sobre el futuro de la causa respecto de Sosa González. Si se avanza hacia un nuevo juicio, el caso tendrá una segunda oportunidad en los tribunales. De lo contrario, uno de los homicidios más resonantes de los últimos años en Mendoza podría quedar definitivamente sin resolución judicial.
