El Gobierno de Mendoza confirmó este miércoles que seis menores fueron identificados como autores de las pintadas con amenazas de tiroteos en escuelas y están en condiciones de ser imputados por la Justicia provincial.
La información fue brindada en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, quienes detallaron el avance de las investigaciones por los episodios que generaron alarma en la comunidad educativa durante la última semana.
Según precisaron, actualmente hay 25 investigaciones abiertas por pintadas amenazantes detectadas principalmente en baños de establecimientos escolares. De ese total, seis adolescentes tienen edad de imputabilidad penal y ya están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal.
"Ya están siendo investigados y van a tener una consecuencia penal. Tenemos seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación", sostuvo Rus, quien remarcó que este tipo de hechos "no son una broma", sino delitos de amenazas e intimidación pública.
En paralelo, otros 19 menores fueron identificados como responsables, aunque por ser inimputables no recibirán una condena penal. Sin embargo, quedarán incorporados a expedientes judiciales y serán sancionados por los establecimientos educativos.
En estos casos, la Dirección General de Escuelas aplicará la quita de los 25 puntos con los que los alumnos comienzan el ciclo lectivo, sistema que reemplaza a las tradicionales amonestaciones. Esta medida podría dejarlos en condición de alumnos libres.
Además, las autoridades confirmaron la imputación de una persona mayor de edad por intimidación pública agravada, vinculada a uno de los casos en los que se utilizó a un menor para cometer el hecho.
"Esto no es una broma, es un delito", insistió García Zalazar, quien también adelantó que durante la jornada se presentarían 19 denuncias por contravenciones vinculadas a estos episodios.
El ministro agregó que el Código de Contravenciones de Mendoza también prevé sanciones para los padres de los menores involucrados, por lo que las consecuencias podrían extenderse al entorno familiar.
En cuanto al impacto de la situación, el titular de Educación indicó que los protocolos de seguridad debieron activarse en 230 establecimientos escolares y que los gabinetes psicopedagógicos realizaron más de 700 intervenciones para contener a estudiantes, familias y docentes.
Por su parte, la ministra Rus informó que se registraron cerca de 400 llamados al 911 relacionados con estas amenazas y que más de 1.000 publicaciones en redes sociales vinculadas a esta problemática fueron dadas de baja.
También adelantó que en los próximos días se publicarán dos nuevos protocolos oficiales: uno destinado a la actuación policial ante denuncias en escuelas y otro para orientar a las instituciones educativas frente a situaciones como amenazas de bomba, conflictos sociales, agresores armados y riesgo de suicidio.
Respecto a los controles de mochilas, García Zalazar explicó que cada escuela podrá decidir de manera autónoma cómo implementar esa medida según su realidad institucional.
