Foto: Fundación CIGESAR
El médico obstetra y ginecólogo Damián Levy se refirió públicamente al caso de la niña de 13 años que accedió a una interrupción legal del embarazo en una clínica de Villa Ballester, donde días después un allanamiento policial derivó en el hallazgo de ocho fetos. El profesional aseguró estar impactado por la repercusión, aunque sostuvo que actuó conforme a la ley vigente.
Levy, quien además preside la Fundación Cigesar, explicó que el procedimiento se realizó el viernes pasado en la Clínica Santa María, centro con el que la organización mantiene un convenio. Según indicó, la intervención fue realizada por un equipo capacitado y bajo condiciones seguras.
El caso se originó semanas antes, cuando la fundación desarrollaba una campaña de salud sexual en Santiago del Estero. Allí, la madre de la menor solicitó asistencia para interrumpir un embarazo de ocho meses producto de una violación. De acuerdo con lo informado, en su provincia no habían podido acceder a la práctica pese a contar con la denuncia correspondiente.
La intervención se encuadra en lo establecido por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite la práctica más allá de la semana 14 en casos de violación. En ese contexto, Levy sostuvo que se trataba de una situación de extrema vulnerabilidad, por lo que la fundación brindó acompañamiento, traslado y atención médica tanto a la niña como a su madre.
Tras el procedimiento, ambas regresaron a su provincia. En paralelo, el allanamiento en la clínica generó controversia por el hallazgo de restos fetales. Según confirmaron fuentes de la investigación a TN, estos correspondían a prácticas legales y habían sido descartados como residuos patológicos, a la espera de su traslado por una empresa especializada. Esta información fue luego corroborada por autoridades sanitarias bonaerenses.
La Justicia avanza ahora en la identificación de los restos vinculados al caso para obtener material genético que permita identificar al agresor. Según se informó, hay dos hombres denunciados que permanecen prófugos.
Levy reiteró que, pese al impacto del caso, mantiene la convicción de haber actuado correctamente. Señaló que el trabajo de la fundación se basa en criterios de legalidad, ética profesional y respeto por los derechos de personas en contextos de vulnerabilidad.
