Una investigación por presuntas irregularidades en la carga de datos de vacunación derivó en una serie de allanamientos en los departamentos de Las Heras y Lavalle, donde se secuestró documentación clave y equipos informáticos en el marco de una causa que apunta a personal sanitario por posibles maniobras fraudulentas para acceder a beneficios del Estado.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División de Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Mendoza, bajo directivas de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. En total, se llevaron a cabo seis allanamientos que incluyeron el Centro de Salud 22 de Las Heras, domicilios particulares en esa jurisdicción y en Lavalle, sectores internos del establecimiento sanitario y un vehículo vinculado a la causa.
Según surge de la investigación, el presunto mecanismo consistía en registrar en el sistema oficial la aplicación de vacunas que en realidad no habrían sido colocadas. A partir de estas cargas irregulares, se emitían certificados de vacunación para personas que no habían recibido las dosis, permitiéndoles cumplir con requisitos formales exigidos para acceder o mantener distintos beneficios estatales.
La causa se inició tras la denuncia de un profesional de la salud de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros y dio aviso a las autoridades, lo que permitió avanzar con la pesquisa y la posterior intervención judicial. En paralelo, también se dispusieron medidas administrativas sobre el personal presuntamente involucrado.
Como resultado de los operativos, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, todos elementos considerados de interés para determinar el alcance de las maniobras.
El material incautado será sometido a peritajes con el objetivo de establecer responsabilidades y dimensionar el posible perjuicio, en una causa que continúa en plena etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
